MEXICO - El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el miércoles la ley que permitirá compensar a las personas que puedan probar que fueron víctimas del delito y la cual fue impulsada por grupos que se oponían a la ofensiva armada contra el narcotráfico lanzada en diciembre de 2006.

La Ley General de Víctimas obliga a autoridades locales y federales a proporcionar ayuda y asistencia a víctimas de crímenes. También contempla compensar a familias cubriendo costos de salud, atención siquiátrica y ordena la creación de un fondo de ayuda y un registro nacional de víctimas. La ley no detalla cuánto dinero se destinará al fondo pero dicta que será la Cámara de Diputados quién proveerá los recursos necesarios.

"Esto es el inicio de toda una red de protección por parte del estado mexicano para las víctimas. La ley reconoce el derecho a recibir ayuda, asistencia y atención para ellas y sus familiares," dijo Peña Nieto.

La norma entrará en vigor en 30 días. Autoridades locales y agencias federales que atienden a víctimas están obligados a cambiar sus protocolos y reglamentos para adherirse a la ley a más tardar seis meses después de que entre en vigor.

La ratificación de la ley se convirtió en uno de los principales reclamos de los grupos sociales en medio de la violencia de la delincuencia organizada que ha afectado diversas zonas del país y provocado decenas de miles de muertos en los últimos años.

La iniciativa de ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2012.
El ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) interpuso un recurso ante la Suprema Corte para frenar la ley, pero Peña Nieto dijo el primer día de su mandato que él cesaría el litigio y ordenaría la publicación de la ley de víctimas tal y como el congreso la había aprobado.

El Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, dijo en un comunicado el miércoles que "la Ley General de Víctimas es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos".