WASHINGTON - Al menos 41 activistas fueron arrestados el jueves por bloquear una avenida en las inmediaciones del Congreso para denunciar la lentitud de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para debatir una reforma migratoria que incluya la opción de la naturalización para los inmigrantes sin autorización para vivir en el país.

Otros manifestantes se dedicaron el jueves a entregar sandías en las oficinas de los 224 legisladores que votaron en junio a favor de retirar fondos al programa implementado en 2012 por la Casa Blanca (conocido por sus siglas en inglés DACA) para suspender las deportaciones de algunos inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos en inglés como dreamers.

Ambas protestas marcaron el inicio de una campaña que los impulsores de la reforma planean realizar durante el receso legislativo previsto a partir del 2 de agosto en numerosos distritos electorales, con el objetivo de persuadir a legisladores que hasta el momento permanecen escépticos.

Los activistas decidieron entregar melones para expresar también su rechazo a los comentarios expresados el mes pasado por el representante Steve King, republicano por Iowa, quien señaló que la mayoría de los inmigrantes jóvenes sin papeles tienen pantorrillas del tamaño de melones de tanto transportar droga a través del desierto.

King fue el autor de la enmienda aprobada por el pleno de la cámara baja en junio para retirar los fondos a DACA.

Entre los arrestados hay líderes sindicales, comunitarios y de organizaciones propulsoras de una reforma migratoria.

Pese a que el Senado aprobó en junio un proyecto de ley que otorga a los inmigrantes sin papeles la opción de la naturalización, la Cámara de Representantes mantendrá en el limbo a la reforma migratoria al menos hasta el reinicio de las actividades tras el feriado del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre.

La mayoría republicana en la cámara baja no someterá a votación la versión aprobada por el Senado y se ha mostrado públicamente a favor de legalizar solamente a los dreamers.

Giev Kashkooli, vicepresidente nacional de la Unión de Campesinos, criticó que el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano por Ohio, haya permitido solamente una votación sobre el tema: la enmienda de King para retirar fondos a DACA.

"Si Boehner le dio a King un voto, nosotros queremos que dé un voto a una reforma migratoria que incluya la opción de la naturalización para los inmigrantes sin papeles", indicó Kashkooli, uno de los dirigentes arrestados.

Boehner ha dicho que sólo someterá a votación un proyecto de ley que cuente con el apoyo mayoritario de los 234 miembros de su bancada.

El representante Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois, dijo que las protestas del jueves son importantes porque "vieron lo que sucedió en el Senado y piensan que ya no hay más que hacer. Creo que hay una desmovilización de nuestra comunidad".

La Alianza por la Naturalización, una coalición de al menos 60 organizaciones, anunció la víspera que durante el receso legislativo veraniego planean celebrar 360 eventos en 51 distritos electorales que podrían generar 500,000 solicitudes a congresistas para que voten a favor de la reforma.

Silvia Lemus asistió a la manifestación junto a sus seis hijos nacidos en Estados Unidos para pedirle al Congreso que apruebe una reforma migratoria cuanto antes.

"Tengo miedo de que me vayan a separar de mis hijos", dijo la salvadoreña de 36 años, que vive sin autorización en Maryland desde hace 20 años. "Pido mucho a Dios que el Congreso nos escuche. Muchas mamás estamos aquí con ganas de que nos den los papeles ya".

Deepak Bhargava, director de la Campaña por el Cambio Comunitario, dijo a AP que si bien "estamos claros que la solución a largo plazo para poner fin a las deportaciones es la reforma legislativa, estamos claros que mientras tanto el gobierno debería usar su poder ejecutivo para parar las deportaciones. Hemos insistido en ese punto sin tregua".

El presidente Barack Obama no está dispuesto a suspender por orden en ejecutiva las deportaciones de personas que podrían acogerse a una reforma una vez aprobada, alegando que no desea interrumpir el proceso legislativo.

Entre 2008 y 2012 las deportaciones ascendieron hasta ubicarse levemente por debajo de las 400,000 anuales, el doble de las 200,000 registradas en 2007, la cifra más alta durante los dos períodos del presidente George W. Bush.