PHOENIX -Arizona - Un juez federal ordenó el miércoles la designación de un supervisor independiente y de una junta comunitaria asesora para asegurar que un alguacil de Arizona acate los requisitos constitucionales después de descubrirse que su oficina cae en prácticas de discriminación racial.

El juez federal de distrito Murray Snow encontró en mayo que la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa (MCSO por sus iniciales en inglés) y el propio alguacil Joe Arpaio se enfocaban en los latinos y que sus agentes prolongaban sus detenciones sin justificación.

Fue la primera conclusión por parte de una corte de que la agencia judicial que cubre el condado más poblado de Arizona está involucrado en discriminación racial después que un grupo pequeño de latinos demandó a la oficina del alguacil por violar sus derechos constitucionales, alegando que fueron arrestados simplemente debido a su raza.

Snow había retrasado ordenar soluciones en el caso para dar tiempo a que ambas partes llegaran a acuerdos, pero disputas sobre asuntos cruciales evitaron un consenso.

En su fallo emitido el miércoles, Snow ordenó que se designe un supervisor para que vigile el reentrenamiento de agentes de la agencia y asegure que la oficina cumpla con los requerimientos constitucionales. Snow ordenó además la creación de una junta comunitaria asesora que ayude a restaurar la confianza pública, entre otras soluciones.

"Al realizar sus actividades, la MCSO debe asegurarse de que los miembros del público reciban igual protección de la ley, sin discriminación con base en la raza o etnia, real o percibida, y de una manera que fomente la confianza pública", escribió Snow.

La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU), grupo que está trabajando a nombre de los demandantes, elogió el fallo y lo calificó como una victoria.

"El mandato de hoy va a poner realmente algo de luz de sol en los rincones de la MCSO que han sido un problema en términos de derechos civiles. Es un gran día", dijo Cecillia Wang, abogada de la ACLU.

La oficina de Arpaio se ha opuesto vehementemente a la designación de un supervisor, argumentando que significaría que cada una de sus decisiones sobre lineamientos tendría que ser aprobada a través del observador y nulificaría su autoridad.

Tim Casey, abogado de Arpaio, dijo que aún estaba revisando el mandato de 59 páginas, pero señaló que estaba "complacido con su muy moderado tono sensible".

"El alguacil aún está a cargo exclusivo de la MCSO", señaló Casey, agregando que desde el principio su preocupación era que el supervisor hubiera tenido demasiada autoridad.